Dación en pago, buenas prácticas en el punto de mira

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:30 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:44 ]
De un tiempo a esta parte, el escándalo social y la desazón provocados por los desahucios de familias con escasos recursos tras mantener impagadas sus hipotecas estaba a la orden del día. Hasta la fecha, han sido más de cien mil los afectados, una situación que ha querido paliarse tras la presentación en el Congreso de varias líneas de acción entre las que se incluye la admisión de la dación en pago para los colectivos en riesgo de exclusión, así como una posible moratoria de dos años antes del desalojo, la posibilidad de abono de un cantidad equivalente a un alquiler o la opción de que los bancos acepten asumir parte del "error" de tasación de la vivienda.
Recientemente han visitado España representantes del FMI para analizar en qué medida las entidades financieras han ejercido mala praxis a la hora de colocar a sus clientes complejos productos de riesgo en muchos casos no entendidos ni explicados adecuadamente a los ahorradores. Aunque las medidas recogidas en este Código no se centran en las preferentes sí que en cierta medida pueden contextualizarse en una coyuntura que no deja de poner en cuestión el papel de los bancos en la crisis y su responsabilidad para salir de ella.

El establecimiento de un Código de Buenas Prácticas que lleva inherentes todas estas medidas ha sido objeto de debate en los últimos días. Para algunos analistas, no es correcto dejar al libre arbitrio de los bancos la aplicación del Código, si se toman como precedente experiencias similares que han fracasado anteriormente. 

BUENAS PRÁCTICAS

La voluntariedad es un componente esencial, puesto que tal como se ha anunciado, el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales para afrontar el pago de sus hipotecas, siempre que se trata de la primera vivienda y que su banco o caja lo acepte, ya que ésta sólo será una recomendación incluida en un código de buenas prácticas para entidades financieras.

En este sentido, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que ha valorado muy positivamente la dación en pago, ha admitido que existe un exceso de códigos que en muchos casos de han mostrado deficientes. 

Así, muchas voces críticas se han alzado contra el código, asegurando que no debe hacer depender el futuro de las familias con escasos recursos de la arbitrariedad de las entidades financieras. Esto se recrudece desde el momento en que no se ha olvidado que las entidades financieras han concentrado parte de la responsabilidad por la crisis económica, poniéndose de manifiesto los fallos de supervisión financiera y los bajos niveles de transparencia.

ACEPTACIÓN

Sin embargo, la medida ha sido acogida con benevolencia por otros sectores. La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES) ha acogido con "esperanza" la propuesta al tiempo que ha asegurado que de avanzar en la "buena dirección", los más de 400.000 afectados por la mora hipotecaria se podrían reducir a menos de la mitad. La asociación valoró que el Gobierno "lance el guante" a la banca para que empiece a formar "parte" de la solución "y no sólo del problema", si bien echó en falta concreción sobre los incentivos fiscales para acogerse al código. 

Además, los bancos han mostrado su "plena colaboración" al Gobierno para analizar y desarrollar el código de buenas prácticas aunque han pedido tener "mucho cuidado" para no introducir distorsiones en "un mercado hipotecario que ha funcionado históricamente bien" según la Asociación Española de Banca (AEB).

Con respecto a las familias que se encuentren en riesgo de exclusión social, los bancos se comprometen a analizar conjuntamente con la Administración las medidas "que permitan mitigar la difícil situación de estos hogares y evitar así llegar a la ejecución y el desahucio de la vivienda".

Además, el presidente de la patronal de promotores y constructores de España (APCE), José Manuel Galindo, ha pedido que la dación en pago limitada que estudia el Gobierno se aplique a propietarios de vivienda con "problemas reales", y, sobre todo, que no derive en una mayor contracción del crédito. 

La transparencia es, según APCE, una necesidad puesto que ha instado a "distinguir" entre aquellas familias que tienen un problema real y otras que pueden aprovechar esta norma para "intentar colarse por la rendija".

Por: Beatriz Lorenzo
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