Gobierno y PSOE alcanzan un principio de acuerdo sobre los desahucios con los jueces empujando a una reforma profunda

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:31 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:52 ]
por: Javier Ardalán
fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=121108052113

Sigue la ofensiva de los jueces para lograr que el Gobierno adopte medidas para acabar con los desahucios. Los jueces decanos de toda España, reunidos en Barcelona, han adoptado como suyas las conclusiones del informe realizado por seis jueces, que el Consejo General del Poder Judicial, la cúpula judicial, ha declinado estudiar.

Coincide esta declaración con las manifestaciones realizadas en sendas notas, misteriosas, por Gobierno y PP, tras una reunión en la cumbre entre la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría y la vicesecretaria general del PSOE Elena Valenciano, en las que se muestra la adopción de un principio de acuerdo entre ambas formaciones políticas para consensuar un Real-Decreto Ley en el que se incluyan medidas preventivas y paliativas que eviten la situación de que cerca de 400.000 personas se vean en la calle.

El Gobierno empezará mañana sus trabajos. Para ello ha convocado a las entidades financieras para que le faciliten los datos sobre las dimensiones de sus políticas de embargo. Ayer había preocupación en el sector porque no se sabía el formato en que deberán ser entregados estos datos.

Todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos, tres propuestos por el Gobierno y tres por el Partido Socialista, que el lunes mantendrán su primera reunión de trabajo

Se pudo traslucir, tras la reunión de las representantes políticas, que prima un incremento del actual Código de Buenas Prácticas Bancarias, al menos para los sectores más necesitados, como las familias con niños o mayores a su cargo, con el fin de resolver las situaciones de especial vulnerabilidad.

En este aspecto los socialistas quieren elevar mucho más este nivel, que por su estrechez ha supuesto un fracaso, según han evaluado los jueces decanos, representantes de los togados que llevan a cabo los procedimientos.

En lo que sí parecen estar de acuerdo es en dar mayor discrecionalidad a los jueces para que puedan estimar las situaciones personales, familiares y laborales de las personas que va a ser embargadas. De esta forma, podrán alargar los desahucios y esperar a que se llegue a acuerdos con los bancos o las autoridades públicas tomen medidas de protección social.

Ahora, por lo tanto son los jueces los que demandan una solución más profunda. Al apoyar el estudio rechazado por la cúpula judicial están demandando cambios en la Ley Hipotecaria, el incremento del porcentaje mínimo para que las entidades bancarias se queden con los inmuebles al final de las subastas, cuando no hay postores, que es del 60% del valor de tasación del los mismos. Además, piden que los tasadores sean absolutamente independientes de la banca.

Quieren también los jueces, que en los casos más extremos se pueda recurrir a la dación en pago y, principalmente que desaparezcan las subastas notariales, que han sido hiperutilizadas por los bancos en los últimos años, al carecer de un límite mínimo para la adquisición por la entidad financiera en los casos en que no haya otros postores,

Incluso, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ), calificado como de carácter progresista,  ha propuesto que este colectivo asuma por ley un trámite obligatorio de conciliación entre las entidades financieras y los deudores con el fin de frenar los desahucios y buscar soluciones amistosas entre las partes implicadas en los desahucios.

Lo que parecen ignorar todos los colectivos implicados es que en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que hoy en día se encuentra en fase de anteproyecto, ya que contemplan articulados en los que se regulan la mediación judicial dirigida por los secretarios judiciales o se mejoran las subastas notariales, incluyendo la intervención de peritos profesionales para valorar los inmuebles y, de esta forma, acabar con la falta de limitaciones mínimas en el precio. Estas medidas pueden suponer un paso adelante en el maratón de urgencia que quieren protagonizar el Ejecutivo y el primer partido de la Oposición.

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