Derecho Energias

Fotovoltaicas - También el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo desestima la demanda contra España por la alteración de la retribución a las fotovoltaicas

publicado a la‎(s)‎ 16 feb. 2016 9:51 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 16 feb. 2016 9:52 ]

No solo ante los Tribunales de España se puede ejercitar derechos contra el Estado, especialmente en materia de protección de inversiones.

En este caso, el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Estocolmo ha sido el órgano responsable por el conocimiento de la demanda de arbitraje presentada por la empresa holandesa Charanne y la luxemburguesa Construction Investments contra España por los recortes en las retribuciones de las empresas fotovoltaicas acogidas al régimen especial y basada en una supuesta vulneración de las previsiones del Tratado de la Carta de la Energía.

El Tratado de la Carta de la Energía reconoce a los países firmantes el reconocimiento mutuo de ciertos principios, entre ellos la defensa de un trato justo y equitativo en materia de inversiones energéticas.
En caso de que una empresa de uno de los Estados firmantes considere que otro ha vulnerado este principio puede pedir una compensación por daños y perjuicios.

El tribunal da la razón a España al considerar que los cambios normativos de 2010, por los que se recortó la retribución de las plantas fotovoltaicas, no violaron ninguna expectativa legítima del "derecho internacional.

En una nota informativa del Ministerio de Industria, se explica que los demandantes no podían esperar que el marco regulatorio que establecía las primas permaneciera "inmutable durante toda la vida de sus plantas", ya que la normativa española "dejaba abierta claramente la posibilidad de que se modificara el sistema de retribución".

De hecho, señala el Ministerio, el tribunal arbitral considera que los inversores podrían haber previsto los futuros cambios regulatorios "de haber realizado previamente un análisis exhaustivo del marco jurídico".

Así, la obligación de ofrecer un "trato justo y equitativo" no implica un mantenimiento del marco regulatorio durante toda la vida útil de la planta, lo que implicaría prohibir cualquier reforma normativa.

También considera que el recorte retributivo no puede considerarse arbitrario ni contrario al interés público, como pedían los demandantes, ya que las primas cobradas por el sector fotovoltaico eran superiores a las de otras renovables y crecían cada año mientras se encarecía la factura de los consumidores.

Asimismo, rechaza que el cambio normativo viole el principio de irretroactividad, ya que el derecho español no reconoce a las instalaciones una determinada retribución durante toda su vida útil.

Por ello, las normas de 2010 impugnadas "no son contrarias a los compromisos" asumidos por España en el marco del Tratado de la Carta de la Energía, subraya Industria, que añade que la resolución se suma a las recientes sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en las que dan la razón al Estado y avalan las sucesivas reformas renovables.


De notar que hay más órganos encargados de dirimir controversias en materia de inversiones entre Inversores y Estados y ante los cuales se encuentran presentadas igualmente demandas contra el Estado Español - es el caso de la UNCITRAL de las Naciones Unidas y el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial.

Veremos si algo cambia...

Fotovoltaicas - El TS acuerda que no ha lugar a indemnizar por daños y perjuicios a las empresas fotovoltaicas afectadas por la modificación de las retribuciones

publicado a la‎(s)‎ 16 feb. 2016 9:35 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 16 feb. 2016 9:38 ]

¿Quien no se acuerda de las discusiones provocadas por el cambio en sistema de retribución de las empresas fotovoltaicas acogidas al régimen especial?

El Tribunal Supremo ha rechazado indemnizar por alegados daños y perjuicios a las empresas fotovoltaicas afectadas por el cambio normativo por el que se recortaba la retribución a las plantas solares fotovoltaicas.

Existen ahora cinco sentencias de la Sala Tercera del TS con fecha de Enero de 2016 por las que se desestima los primeros recursos interpuestos por las fotovoltacias y en las que establece el siguiente criterio:

"la existencia de un daño indemnizable debe contemplarse en relación con la totalidad de la vida útil de las instalaciones (fijada en treinta años), y la prueba pericial practicada en las actuaciones ha puesto de manifiesto que la disminución de ingresos derivada de la limitación de la retribución ha sido compensada mediante disposiciones posteriores, lo que permite afirmar que la actividad de producción de electricidad a través de este régimen especial ofrece una rentabilidad razonable (en el entorno del 8 por ciento anual), que excluye que el daño sea real y antijurídico".

Recordemos que la cuestión a debatir era si estaban o no reunidos los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia de actos reglamentarios y legislativos, al modificar el régimen retributivo de las instalaciones fotovoltaicas imponiendo determinadas obligaciones técnicas, un peaje por el uso de la red de transporte y limitando la retribución mediante tarifa a determinadas horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones.

Como ya habíamos adelantado a algunos Clientes, dos eran las cuestiones esenciales a analizar de acuerdo igualmente con el Derecho comparado en lo que toca a "situaciones jurídicas activas revocables/modificables por naturaleza":

1. si el derecho a ese tipo de retribución realmente se trataba de una situación jurídica activa modificable por naturaleza (como preconizábamos nosotros) o si se trataba de un derecho consolidado e inalterable en virtud de los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima

2. en el caso de que fuera modificable por naturaleza, si a pesar de ello, dicha modificación implicaba una compensación para el titular de esa situación jurídica activa (que siempre hemos defendido) y, en caso afirmativo, como cuantificar el eventual daño (el principal problema).


De acuerdo con el Tribunal Supremo, en lo que toca a una supuesta vulneración de los principios de seguridad jurídica y protección de la confianza legítima, no se estima que haya habido dado que "el sistema de tarifa previsto en el régimen del año 2007 no presentaba el carácter inalterable que se postula y era previsible su modificación" (como de hecho ya había sido anteriormente y había quedado claro en los objetivos Europeos de subvención de la tecnología fotovoltaica de producción de electricidad), pero más que nada (y es ahí donde reside un poco la sorpresa) que ni siquiera cabe decir que exista un daño efectivo.

Segundo el Tribunal Supremo, los titulares de las instalaciones fotovoltaicas que obtuvieron su inscripción al amparo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, “no adquirieron, ni incorporaron a su patrimonio, un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una ‘tarifa regulada’ por la totalidad de la energía neta producida durante toda la vida de esa instalación en los términos que entonces establecía aquella disposición reglamentaria” siendo además que la forma, la cuantía, la extensión y la duración de los incentivos reconocidos a las instalaciones  fotovoltaicas no pueden quedar petrificadas con aquella regulación inicial, sino que son susceptibles de las correspondientes adaptaciones a las nuevas circunstancias concurrentes (...)" y que "lo que sí debe garantizarse por los poderes públicos, porque lo exige la legislación, es que las instalaciones ofrezcan a sus titulares una “rentabilidad razonable”, de modo que el daño por la limitación de la energía con derecho a la tarifa regulada sólo podrá calificarse como antijurídico y, por tanto, indemnizable, si esa modificación ha determinado que tales instalaciones no sean razonablemente rentables".

Para determinar la rentabilidad de las instalaciones, la Sala ordenó una prueba pericial, por la que se concluyó que en la práctica totalidad de las instalaciones, su rendimiento se sitúa en el entorno del 8 por ciento anual durante los treinta años contemplados, y que, aunque a corto plazo (en los años 2011, 2012 y 2013), se aprecia efectivamente una merma de ingresos, ninguna de las instalaciones tiene un descenso apreciable de su rentabilidad si se contempla en la totalidad de los 30 años del periodo.

De igual forma, esa pérdida de ingresos habría sido compensada por las disposiciones del Real Decreto 413/2014, de 16 de julio.

Por otro lado, siguen los recursos ante el Tribunal Constitucional pero, a vista de los argumentos expuestos hasta la fecha, no podemos sino dudar de que algo efectivamente cambie y las fotovoltaicas se vean resarcidas por las muy relevantes inversiones realizadas y por el nivel de endeudamiento asumido...veremos...

La nueva Ley del Sector Eléctrico; por Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de Derecho Administrativo

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:32 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 3:14 ]

Fuente: http://www.otrosi.net

El día 21 de diciembre de 2013, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Antonio Jiménez-Blanco, en el cual el autor opina que gobernar consiste en algo más que buscar afanosamente coartadas para no tomar las decisiones que hay que tomar.

LA NUEVA LEY DEL SECTOR ELÉCTRICO

Simpatía o antipatía de cada quien al margen, la verdad es que a este Gobierno no le acompaña la suerte. El jueves, cuando todo estaba preparado para celebrar la aprobación de la Ley que iba a abrir una nueva era en el maltrecho sector eléctrico, la subasta Cesur tuvo la ocurrencia de disparar un 22% el precio de la energía. Lo primero, el voto del Congreso de los Diputados a favor de la Ley quedó convertido en algo poco menos que clandestino. Un fiasco. Que la reacción gubernamental inmediata haya respondido a un tic bolivariano -habrá que ver en qué consisten las ya famosas “circunstancias atípicas” que invoca la CNMC- tiene, en la lógica cortoplacista de nuestro debate público, mucho de inevitable.

Pero la prioridad política y mediática de lo inmediato no justifica que nos olvidemos tan rápidamente del texto normativo recién incorporado al ordenamiento. ¿Qué dice en esencia? Los objetivos son dos: impedir que, en lo sucesivo, se siga generando déficit de tarifa y establecer una nueva regulación completa en el sector, que combine todos los factores a ponderar: garantía de suministro, precio asequible (punto crucial como factor de bienestar de los hogares y de competitividad de las industrias) y afección hacia el medio ambiente.

En lo primero, las conocidas como reformitas van en la buena dirección, pero se quedan cortísimas (puede decirse lo mismo que de otros muchos cambios de los últimos tiempos). Se consolida la reducción de costes regulados -transporte, distribución, producción con fuentes renovables-, que se había establecido con anterioridad (sobre todo, en julio, mediante el RDL 9/2013) y se intenta, en cuanto a los ingresos del sistema, que las subidas sean las que tengan que ser, sin que el Gobierno, sean cuales fueran las razones de interés general que pudieran concurrir, las pueda aplazar o mitigar. Que los mecanismos jurídicos establecidos para esto último eran insuficientes nos lo temíamos todos. Lo sucedido a partir del resultado de la subasta puso de relieve que, además, los esfuerzos legislativos eran insinceros. El destino ha querido que la cruda realidad se revelara mucho antes.

En lo que respecta a lo segundo, es decir a una nueva regulación que cogiera por los cuernos el toro de los precios de la electricidad -incorporando elementos de libertad de empresa- y eliminase todo lo que, sea cual fuere su grado de razonabilidad en términos de eficiencia, no debiera cargarse allí (por tratarse de política social, regional, medioambiental o tecnológica, o sea, de gasto público), el empeño ha sido mucho más modesto aún. Ni tan siquiera alcanza el estadio de reformita. Y, por supuesto, en la fiscalidad -la consideración del consumidor eléctrico como ubre nutricia de la Agencia Tributaria- no se ha corregido nada de nada.

La excesiva ambición se suele acabar pagando, pero la absoluta carencia de ella tampoco trae nada bueno. Porque lo cierto es que, a fuerza de timidez, lo que se ha logrado es poco menos que arruinar a los inversores (a todos, con una exquisita ecuanimidad democrática) y que eso resulte extrañamente compatible con el hecho de que los precios finales sigan disparándose. Bingo.

Tiene toda la razón Industria cuando afirma que a la calamitosa situación actual no se ha llegado en un día, ni tampoco en dos años. Seguramente algunas de las causas más profundas se remontan a antes del infausto 1997. Pero gobernar consiste en algo más que buscar afanosamente coartadas para no tomar las decisiones que hay que tomar. Y es que la suerte hay que merecérsela.

El Supremo confirma que las eléctricas asuman el déficit tarifario, al dominar el sector y haberse beneficiado de los CTCs

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:31 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:50 ]

Fuente: http://www.otrosi.net/article/el-supremo-confirma-que-las-el%C3%A9ctricas-asuman-el-d%C3%A9ficit-tarifario-al-dominar-el-sector-y-ha

Sentencias del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 18 de noviembre de 2013. Recursos de Casación 843/2013 y 848/2013.

“El Supremo falla que dicha disposición no vulnera la Constitución Española. Está justificada la obligación de financiar el déficit: persigue un fin legítimo, es funcional, adecuada y no comporta una diferencia de trato desproporcionada.
El Alto Tribunal considera que la razón por la que se ha impuesto la obligación a unas empresas es, sencillamente, “la de que son las principales del sector eléctrico. O sea, la misma que justificó en su momento que se les reconociera el derecho a percibir la compensación por los CTC”, los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTCs).”.

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