Derecho Fiscal


De nuevo a vueltas con el‘céntimo sanitario’ - Hacienda condenada a devolver los periodos que considera prescritos

publicado a la‎(s)‎ 2 feb. 2016 13:12 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 18 feb. 2016 5:30 ]


La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha comenzado a dar la razón a las reclamaciones de devolución del llamado céntimo sanitario (mayoritariamente presentadas por empresas transportistas), que se pagaba como Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) al adquirir combustible entre los años 2002 y 2012, o sea, se trata aquí de las reclamaciones de devolución de ese "impuesto" pagado en periodos teóricamente ya prescritos

Estas reclamaciones tienen por base la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de 'Transportes Jordi Besora', de 27 de febrero de 2014, que declaró que la Ley que autorizaba dicho impuesto era contraria a la directiva 92/12/CEE, puesto que su finalidad era simplemente recaudatoria y no dirigida a proteger la salud y el medio ambiente. A pesar de ello, Hacienda se negó a devolver las cantidades reclamadas por los transportistas en aquellos ejercicios considerados prescritos.

Hasta ahora estaban legitimados para solicitar la devolución tanto los obligados a soportar la repercusión del impuesto como quienes presentaron las autoliquidaciones. No obstante, la devolución de las cuotas repercutidas se ha venido realizando, cuando la Agencia Tributaria consideraba que procedía, directamente a quienes hubieran soportado indebidamente la repercusión, incluso aunque el procedimiento hubiera sido iniciado por los sujetos pasivos.

En el documento utilizado (factura o documento equivalente, tique) debía figurar el importe repercutido por IVMDH, o la mención de que se encontraba incluido en el precio cuando esta simplificación hubiera sido previamente autorizada por el Departamento de aduanas e Impuestos Especiales.

¿Está Vd. en esta misma situación? Consúltenos ya sin compromiso clicando aquí.
 

Regularización Fiscal

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:33 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 3:04 ]

La Disposición adicional primera  del Real Decreto Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico, bajo la denominación de declaración tributaria especial, un procedimiento para la regularización de bienes o derechos no declarados al fisco. Es decir, lo que comúnmente se ha denominado regularización fiscal o amnistía fiscal.
Esta declaración la podrán realizar, los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Y para poder llevarla a cabo, deben ser titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos.

La finalidad de esta declaración tributaria especial, va a ser regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 12/2012. Por ejemplo en el cado del IRPF, supone que la titularidad de esos bienes ya debía existir en el año 2010.

Las personas y entidades que pretendan llevar a cabo esta regularización deberán presentar una declaración, e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos, el porcentaje del 10 %, sin sanciones, sin intereses y sin recargos.
 
Además, deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.

El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta declarada y por lo tanto, no tendrá la consideración de ganancia patrimonial no justificada en el ámbito de IRPF, ni de renta no declarada a efectos del Impuesto sobre Sociedades. De esta manera, se evitarán los mecanismos de tributación que para las rentas no declaradas y no justificadas regula la normativa tributaria.

Esta declaración tributaria especial no podrá aplicarse después de haber recibido algún tipo de notificación por los órganos de comprobación de la Administración tributaria.

El acogerse a ella supondrá la exoneración de responsabilidad penal.

El plazo para la presentación de estas declaraciones y su ingreso, es amplio, finalizará el 30 de noviembre de 2012.

Queda pendiente su desarrollo así como la creación del modelo oficial para su presentación.

Todo lo anterior, supone en definitiva una especie de amnistía fiscal muy discutida y sobre la que se despiertan opiniones muy contradictorias, en la medida que los efectos sobre la sociedad, entendida en este caso como los contribuyentes a la Hacienda Pública, pueden resultar muy nocivos y deslegitimar a las autoridades de la Administración de Hacienda en el futuro, para justificar correctas medidas de prevención del fraude fiscal, y motivar el cumplimiento espontáneo de las deudas tributarias, que es uno de los pilares en un Estado moderno y avanzado.

Además, produce otro efecto en sectores muy concretos, ya que choca frontalmente con el trabajo del asesoramiento tributario de calidad, actualmente enmarcado dentro del ámbito de la economía de opción y la normativa del blanqueo de capitales.

Ahora bien, dicho lo anterior, nos encontramos en momentos muy excepcionales, en los que la baja actividad económica hace que la recaudación tributaria esté en caída. Y para lograr la consolidación fiscal, no sólo es necesario abordar la partida de gastos, sino también la de ingresos. Y esta es la finalidad de una medida excepcional como ésta, y que puede representar una oportunidad para aflorar parte de la economía sumergida y para repatriar fondos en paraísos fiscales a una tributación muy atractiva, y ello, aunque nuestras convicciones no sean favorables a ella.

Puede ser una oportunidad en mucho tiempo, antes, que el nuevo Plan de lucha contra el fraude y contra los movimientos de dinero en efectivo, empiecen a asfixiar, esperemos de verdad,  este tipo de comportamientos.

Fuente: DATADIAR - http://www.icnr.es/articulo.php?n=120410040540

Hacienda sobrepasa sus atribuciones si solicita la contabilidad en un procedimiento de comprobación limitada a una empresa

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:31 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:53 ]

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aclara y limita las actuaciones del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria al establecer en una resolución, de 29 de noviembre de 2012, que cuando sea necesario el examen de la contabilidad mercantil en el transcurso de un procedimiento de comprobación limitada, se debe poner fin al procedimiento e iniciar un procedimiento inspector.
La Sala, en cumplimiento de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 2012, determina que en el transcurso de un procedimiento de comprobación limitada no puede requerirse por parte de la Administración tributaria la aportación de la contabilidad mercantil, -ni para examinar la realidad material de los asientos contables, ni para constatar simplemente la coincidencia de los datos contables con los declarados-, al igual que no puede procederse a la regularización de elementos de la obligación tributaria para cuya justificación deba examinarse indefectiblemente la contabilidad mercantil.

A este respecto, el TEAC señala que en los procedimientos de comprobación limitada, cuando a la vista de los hechos controvertidos y las alegaciones formuladas, se concluya que la contabilidad va a ser una prueba que deba examinarse indefectiblemente, y no pudiendo los órganos de gestión realizar la comprobación con los demás medios que el artículo 136 de la Ley General Tributaria les otorga, la Administración deberá poner fin al procedimiento de comprobación limitada e iniciar un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 139.1 Ley General Tributaria.

Así, en este procedimiento, la Administración tributaria tan sólo puede examinar los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto y los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario.

También puede revisar los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial  excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.

Y, finalmente, los requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

Además, en ningún caso se podrá requerir a terceros información sobre movimientos financieros, pero podrá solicitarse al obligado tributario la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria.

El hecho de regularizar la situación tributaria del contribuyente sin analizar la contabilidad conllevaría en estos casos dos consecuencias: de un lado, la falta de acreditación de lo pretendido por el órgano de gestión; y de otro, la imposición de una situación de indefensión real al obligado tributario, siempre que sólo con el examen de dicha contabilidad se pudiera comprobar la veracidad y procedencia de sus alegaciones.

El inicio del procedimiento de comprobación limitada, caso de que luego sea necesario ponerle fin para iniciar posteriormente un procedimiento inspector, interrumpe el plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, salvo que se hubiera incurrido en nulidad de pleno derecho por incompetencia manifiesta, de conformidad con los artículos 53.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y 217.1 de la Ley General Tributaria 58/2003.

En el caso de interposición de recurso de reposición contra una resolución de un procedimiento de comprobación limitada, en el que voluntariamente el obligado tributario aporte la contabilidad mercantil ante el órgano revisor, éste debe examinar esa prueba pero atemperando ese deber con la teoría del abuso procesal, no permitiendo que los interesados acaben eligiendo, sin más y a su libre antojo, el momento de presentar pruebas y alegaciones.

La propia Exposición de Motivos de la LGT ya se anticipaba que "El procedimiento de comprobación limitada se caracteriza por la limitación de las actuaciones que se pueden realizar, con exclusión de la comprobación de documentos contables".

En conexión con el artículo 136, el artículo 139 del mismo texto legal prevé como una de las posibles formas de terminación del procedimiento de comprobación limitada "el inicio de un procedimiento inspector que incluya el objeto de la comprobación limitada".

Autor: Xavier Gil Pecharromán
Fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=130114051736
 

Hacienda potenciará la figura del ‘arrepentido’ en los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:31 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:53 ]

Si el pagador o el receptor de pagos en efectivo superiores a 2.500 euros lo denuncia ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago, Hacienda no aplicará entonces la sanción a la parte que lo haya comunicado, según han informado fuentes de Hacienda sobre el anteproyecto que hoy presentará el Gobierno.
Esta figura ha dado muy buenos resultados en los asuntos de competencia, capítulo en el que desde la creación de la Comisión Nacional de la Competencia se ha mantenido el sistema de exención de sanciones al primero que denuncia un acuerdo contrario a la libre competencia y se aplican rebajas a los siguientes denunciantes de la misma  operación. Una buena parte de las sanciones impuestas por la CNC han tenido su origen en los ‘arrepentidos’.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, anunciaba ayer que tanto el pagador como el receptor de este tipo de pagos, aunque no quiso especificar  si la sanción se distribuirá entre pagador y receptor o si cada uno de ellos deberá pagar el 25% sobre la cantidad pagada, lo que supondría un 50%.

Lo que sí está claro es que esta multa no impedirá que se continúe con la inspección sobre la transacción detectada para analizar si existe fraude fiscal y si se han utilizado facturas falsas, lo que conllevará de ser positiva la respuesta las sanciones correspondientes.

Las medidas que aprobará hoy el Gobierno para luchar contra el fraude, se mueven en paralelo con la elaboración del Plan de Control Tributario y Aduanero para 2012, que trata de ganar el pulso a la economía sumergida mediante el seguimiento del arrendamiento de locales, del empleo de facturas falsas y otras medidas, que aunque se vienen anunciando desde hace años, como el tratamiento de las facturas de la luz para detectar los locales que sin declarar actividad tienen un consumo destacable.

No obstante, para la Agencia Tributaria los problemas más acuciantes provienen de la picaresca de un buen número de empresarios que emplean los procedimientos de Hacienda para dilatar los plazos. La propia directora general de la Agencia, Beatriz Viana, denunciaba ayer a quienes solicitan aplazamientos de pago con la única intención de dilatar los pagos, sin intención alguna de beneficiarse de ello. Así, muchos recurren y dilatan la presentación de documentos para alargar los plazos todo lo posible y otros muchos, después de ser aceptado el aplazamiento atienden el primer pago y luego dejan de pagar.

También hay quienes hacen las declaraciones, pero no pagan. Sobre estos, adelantó Viana que en la Agencia están preparando un dispositivo para personarse en las sedes de este tipo de empresas para revisar si hay bienes embargables.

Pero las denuncias no terminan ahí, ya que algunos empresarios están utilizando también los procedimientos concursales para dilatar los periodos de pago.

El importe medio de las actuaciones realizadas por la Inspección de la Agencia Tributaria ascendió a 227.000 euros en 2011, según anunció ayer Viana. Una cifra que demuestra que hay mucho dinero opaco en España a pesar de las tribulaciones de una buena parte del empresariado.

Sin embargo, no todas las medidas que últimamente ha adoptado el Gobierno buscan luchar contra el fraude o tienen ínfulas recaudatorias. Así, por ejemplo, la eliminación de la libertad de amortización de las grandes empresas ha venido a terminar con un proceso que se convirtió en un auténtico coladero para Hacienda.

Para el secretario de Estado esta medida tuvo una repercusión “bestial” sobre la recaudación de Hacienda, que considera sin justificación alguna, máxime cuando se venían solicitando esfuerzos a las personas físicas. Además, la posibilidad de deducirse todos los gastos financieros llevó a que muchas empresas prefiriesen endeudarse que capitalizar las empresas.

Todas estas situaciones denotan un cambio importante en las costumbres. De las épocas de las amenazas de  Hacienda a los contribuyentes se ha pasado a las denuncias por los abusos realizados por una parte de estos sobre los propios mecanismos tributarios. Y en el fondo, late el debate de la amnistía fiscal, que es motivo de debate entre quienes entienden que es una medida extrema para un momento imposible y quienes justifican la ocultación a Hacienda porque siempre se acaba regularizando.

Fuente: Javier Ardalán - http://www.icnr.es/articulo.php?n=120413042630

Entró en vigor la reducción de las retenciones a cuenta de IRPF para Autonomos

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:31 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:52 ]

Entró en vigor, el pasado día 17 de Octubre, la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Entre otros aspectos procede, en su art. 122, a la "Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio".

En consecuencia, con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, se añade una Disposición adicional cuadragésima a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos de actividades profesionales

No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta Ley, el porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos derivados de actividades profesionales será el 15 por ciento cuando el volumen de rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio.


Habrá que notar, no obstante, que: "Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación debidamente firmada".

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley [Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla].»

El impuesto de bienes inmuebles (IBI). Su tratamiento jurídico en supuestos de separación o divorcio y atribucion del uso de vivienda.

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:30 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:48 ]



Dentro de los múltiples y complejos problemas que una crisis matrimonial, sea nulidad, separación o divorcio, conlleva y que ha sido de atención directa tanto por parte del legislador como de la doctrina, está la atribución del uso de la vivienda familiar.

Los artículos 90 y 91 del Código Civil exigen que tanto el convenio regulador suscrito por los cónyuges como, en su defecto, las medidas que adopte el Juez en la Sentencia judicial, hagan expresa referencia, entre otras cuestiones, a la atribución del uso de la vivienda familiar. La materia de la atribución del uso de la vivienda ex artículo 96 del Código Civil y concordantes está profundamente imbricada con el régimen económico del matrimonio que le sirviera de sustento, presentando especial complejidad el de la sociedad legal de gananciales, pues la existencia de bienes comunes, eleva la dificultad del régimen jurídico del derecho de uso atribuido judicialmente.

La titularidad dual de la vivienda familiar plantea en relación con la atribución del uso de dicha vivienda a uno de los esposos, problemas de gran interés y cuestiones conflictivas como la distribución de los gastos de diversa índole que el inmueble genera y suele dar lugar, posteriormente, a múltiples litigios para reclamar el abono de dichos gastos.

En los supuestos de separación o divorcio, se atribuye el uso y disfrute de la vivienda a uno de los cónyuges, sobre todo en el caso de que existan hijos menores del matrimonio, y suele ir unido a la custodia de los mismos. Así, el uso y disfrute de la vivienda, suele otorgarse a aquel cónyuge al que se le otorga la guardia y custodia de los hijos del matrimonio. También es probable y muy frecuente, que, durante el divorcio, se disuelva pero no se liquide la sociedad legal de gananciales existente hasta ese momento, y que la propiedad de la vivienda se atribuya por mitad y pro indiviso a ambos cónyuges.

Cuando el uso y disfrute de la vivienda se atribuye al cónyuge que se queda a vivir con los hijos menores del matrimonio, es frecuente que los gastos originados por el uso y disfrute de la vivienda, sean de cuenta de dicho cónyuge. Dichos gastos suelen consistir en los gastos de luz, agua, comunidad de propietarios, etc.

Uno de los grandes problemas en relación a los gastos que en su totalidad genera el inmueble cuyo uso se ha atribuido a uno de los cónyuges, es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicho impuesto, ¿debe ser considerado como uno de esos gastos ordinarios y atribuirse al cónyuge al que se atribuye el uso y disfrute de la vivienda? O por el contrario, al ser un impuesto que grava la propiedad del piso ¿debe ser compartido por ambos cónyuges propietarios de la vivienda por mitad y pro indiviso?

En relación con dicho impuesto que, en su fórmula anterior de Contribución Urbana gravaba la propiedad, hoy no está exento de discusión, pues la Ley de Arrendamientos Urbanos (Disposición Transitoria Segunda 10.2 Ley 29/1994 de 24 de Noviembre) permite en ciertos casos que el arrendador exija el pago de la totalidad del impuesto al arrendatario. No obstante, fuera de este supuesto, entiendo que el impuesto ha de gravar a quien es titular dominical del inmueble.

Para poder llegar a la solución de la cuestión principal (esto es, qué clase de gasto es dicho impuesto) hay que analizar cuál es la naturaleza del Impuesto de Bienes Inmuebles. El artículo 61 de la Ley 39/1998 de 28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, modificada por Ley 53/1997 de 27 de Septiembre, señala que el Impuesto de Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por la propiedad de los bienes inmuebles urbanos sitos en el respectivo término municipal. El artículo 65 de la misma Ley de Haciendas Locales concreta que sujeto pasivo de este impuesto es la persona física que sea propietario de los bienes inmuebles gravados sobre los que no recaigan derechos de usufructo o las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que sean: a) propietarios de los bienes inmuebles gravados sobre los que no recaigan derechos reales de usufructo o superficie, b) titulares de un derecho real de usufructo o de superficie, c) titulares de un derecho real de superficie sobre bienes inmuebles gravados.

Esto es importante a la hora de cualquier interpretación, dos cuestiones que se desprenden de la anterior relación:

Queda excluido el derecho real de uso y habitación,

El hecho imponible determinante es la propiedad, y sólo se determinan dos situaciones excluyentes, la existencia de un derecho real de usufructo o de un derecho real de superficie.

La doctrina coincide en declarar que es un verdadero impuesto sobre el patrimonio, puesto que la capacidad contributiva sometida a gravamen se define en función de la mera titularidad de determinados bienes y concesiones administrativas, considerados en si mismo, y por tanto sin tener en cuenta los rendimientos que aquellos puedan producir. En este sentido no difiere, en cuanto a su naturaleza jurídica con sus antecedentes, la Contribución Territorial Rústica o Urbana. Concluye la doctrina que en ambos casos el hecho imponible es la propiedad de inmueble y el objeto o materia imponible, su renta; es decir, son impuestos nominales sobre la propiedad y efectivos sobre la renta de los inmuebles.

El artículo 393 del Código Civil establece la obligación de todo copropietario de contribuir a los gastos de conservación y demás cargas de la cosa común en proporción a su respectiva cuota, en el caso de los cónyuges por mitad, siendo indudable que el impuesto de bienes inmuebles grava la propiedad. Si el impuesto grava la propiedad del inmueble, es lógico que el obligado al pago sea el propietario de dicho inmueble. Existe dos situaciones excluyentes de la obligación del propietario del inmueble al pago del impuesto referido: el usufructo y el derecho de superficie. El problema surge cuando se quiere igualar el derecho de uso y disfrute de la vivienda conyugal atribuido en Sentencia de separación o divorcio al usufructo al que alude el artículo 65 de la Ley de Haciendas Locales.

El artículo 467 del Código Civil regula el derecho de usufructo. Establece dicho artículo que "El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa". El usufructo es un derecho de carácter real que faculta a un extraño a disfrutar del bien ajeno y que se constituye por ley o por voluntad de las partes y en el que el usufructuario está obligado a hacer inventario de bienes, y a prestar fianza garantizadora del uso y que, como expresamente señala el artículo 498 del Código Civil puede enajenar o arrendar el objeto de usufructo.

Pues bien, ninguna de estas características se da cuando en un proceso de separación o divorcio se atribuye el uso de la vivienda familiar a uno de los cónyuges y a la prole. En primer lugar, el uso en estos supuestos, no se constituye ni por Ley ni por la voluntad de las partes, sino por decisión judicial. En segundo lugar, el que hace el inventario no es el cónyuge que se queda, sino el que sale. En tercer lugar, el cónyuge usuario no presta fianza alguna sin que nadie le libere de esa obligación que no existe. En último lugar, el cónyuge usuario no puede enajenar ni arrendar la vivienda asignada.

La figura judicial de atribuir a uno de los cónyuges el uso exclusivo de la vivienda común en modo alguno puede asimilarse a la figura del usufructo; siendo una situación que la doctrina coincide en señalar como de atípica. Por otro lado, y atendiendo a la naturaleza del impuesto, es evidente que primordialmente es un impuesto que grava el patrimonio, y por ello sólo cabe una interpretación restrictiva respeto a sujetos pasivos que tengan un derecho de disfrute. Esta es precisamente, la interpretación que debe dársele al artículo 61 de la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, no debiéndose hacerse extensiva a otras situaciones en las que el que disfruta de la vivienda es cotitular, y por otra parte el disfrute ha venido impuesto por resolución judicial y no contractualmente. O, dicho de otra forma, la situación de disfrute proviene o tiene una finalidad distinta al mero goce o disfrute derivado de una relación contractual, o por ministerio de la ley, como en el caso de la vigente Ley de arrendamientos urbanos.

Así lo ha puesto de relieve las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fechas 21 de Mayo de 1.999 y 5 de Junio de 1.995. Esta última cita en su apoyo una Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 11 de Diciembre de 1.992 que considera que el uso de la vivienda atribuido judicialmente no puede considerarse como derecho de usufructo ya que es una situación jurídica de carácter "sui generis". Luego al no ser un derecho de usufructo el carácter de sujeto pasivo del impuesto de bienes inmuebles lo ostenta el propietario de la vivienda.

El concepto de "cargas del matrimonio" que emplea nuestro Código Civil es uno de los más confusos en la práctica y en la doctrina, que ha motivado a lo largo de los años diversas interpretaciones.

Por un lado lo emplea el artículo 103.3 del Código Civil dentro de las medidas mínimas que se han de adoptar entre las provisionales. Así, el punto 3º del referido artículo establece que el Juez a falta de acuerdo entre las partes adoptará, entre otras las medidas siguientes: "3º Fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, incluidas si procede las litis expensas, establecer las bases para la actualización de cantidades y disponer de las garantías, depósitos, retenciones u otras medidas cautelares a fin de asegurar la efectividad de lo que por estos conceptos un cónyuge haya de abonar al otro". Por otro lado, aparece también en el artículo 91 del Código Civil refiriéndose a los artículos que tratan de las obligaciones para con los hijos, educación, alimentos y régimen de visitas, uso de vivienda familiar y pensión compensatoria. El sentido del concepto de cargas del matrimonio es de carácter global en el primero de los citados artículos como corresponde a la necesidad y urgencia de las medidas provisionales favorecedoras del sostenimiento del grupo familiar, con posibilidad de garantías, depósitos retenciones y otras medidas cautelares pero siempre que supongan dichas cargas un crédito de un cónyuge con otro e incluyendo como contribución a las cargas la dedicación a los hijos comunes sujetos a patria potestad; mientras la globalidad se especifica, tratándose de cargas del matrimonio de las sentencias de nulidad, separación y divorcio, en virtud del artículo 91 antes citado, y así ha de ser expresado con claridad y precisión en las sentencias definitivas y principales.

Se puede decir que la idea de "carga del matrimonio" incluye todo aquello que es necesario para la vida diaria de los hijos y abarca todas aquellas necesidades integradas en los alimentos: habitación, sustento, vestido, educación, asistencia médica".

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12 de fecha 18 de Junio de 2.002 establece que hay que estar a lo expresado en el fallo y en los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia para dilucidar si con la expresión "alimentos de los hijos y cargas del matrimonio" se incluye o no el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles o lo que es lo mismo, sin con entregar la cantidad establecida como pensión de alimentos se abona también el referido impuesto. La conclusión a la que llega la Sala en la presente Sentencia es que no cabe entenderse abonado el impuesto de bienes inmuebles con la cantidad entregada en concepto de pensión de alimentos, ni siquiera en el concepto de pensión compensatoria en el supuesto de que hubiera alguna establecida, ni es posible equiparar el concepto de "cargas del matrimonio" al pago del impuesto de bienes inmuebles.

El objeto de la obligación de levantar las cargas del matrimonio se halla en la satisfacción de necesidades primarias de la familia, que no sean propiamente alimentos, en que los cónyuges e hijos ocupan posiciones de acreedores, por gastos hechos frente a terceros para subvenir las necesidades propias. La causa de pedir responde a la finalidad de mantener las condiciones de vida de una determinada familia. Por ello, la "carga familiar" supone la recepción de servicios prestados por terceros a la familia para cubrir sus necesidades vitales. Así, se admiten como cargas del matrimonio los gastos de suministros hechos por Compañías suministradoras donde todos los miembros reciben su beneficios (luz, teléfono, gas, agua, televisión, Internet, dependiendo del nivel económico de la familia) pero no aquellos otros gastos concertados por los cónyuges que más que tender a subvenir aquellas necesidades habitacionales y de vida, están dirigidas a obtener un patrimonio inmobiliario o ciertos bienes de carácter sumario, cuya titularidad es exclusiva de los cónyuges.

Para el autor Delgado, por gastos familiares ha de entenderse "todos los gastos provocados por consumos del grupo familiar no atribuibles especialmente a ninguno de sus miembros, así como los específicos de cada uno de ellos que entrarían en el concepto de alimentos".

Por tal razón, el sujeto pasivo del impuesto de bienes inmuebles no es, ni puede ser el conjunto de miembros de la familia, sino exclusivamente el titular o titulares del bien frente al Ayuntamiento perceptor del impuesto de bienes inmuebles.

Dar una interpretación diferente a la expuesta llevaría a una interpretación contraria a los intereses de los hijos menores que deben ser protegidos siempre en la separación y el divorcio. Estos menores, verían disminuido su pensión alimenticia en la misma cantidad en la que se debería de abonar el impuesto de bienes inmuebles lo que es contrario a lo dispuesto en el artículo 91 del Código Civil y a la doctrina pacífica "favor filii". Además, el levantamiento de las cargas del matrimonio a través de la pensión de alimentos, se refiere a aquellos gastos que existen mensualmente y por eso la pensión se establece mensualmente, y el impuesto de bienes inmuebles es anual, por lo que no puede, en modo alguno su abono entenderse comprendido en dicha pensión de alimentos. Es doctrina mayoritaria de nuestras Audiencias Provinciales, siguiendo la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de Junio de 1.992 y de 14 de Marzo de 2000 la que se debe atribuir a quien disfruta la vivienda aquellos gastos que respondan a su uso tales como los recibos de agua, fluido eléctrico o gastos ordinarios de comunidad, mientras que habrán de imputarse a la propiedad los que gravan o redundan en su provecho, es decir, los que guarden conexión directa e inmediata con la propiedad del inmueble y no con su mero disfrute. En este último caso se encuentra en impuesto sobre bienes inmuebles.

Por todo lo expuesto anteriormente, el impuesto de bienes inmuebles debe considerarse como una obligación de los propietarios del bien inmueble que se trate. En el supuesto de separación o divorcio, para que el abono de dicho impuesto pueda ser atribuible al cónyuge que se queda con el uso y disfrute de la vivienda conyugal, es necesario que expresamente sea recogido así en el convenio regulador firmado al efecto.

Si no es recogido expresamente de esa forma, se considerará un gasto que grava la propiedad y por ello, corresponde su abono a ambos cónyuges propietarios del inmueble.

Como Sentencia reciente en el sentido indicado anteriormente podemos señalar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección Séptima de fecha 14 de Diciembre de 2.009. Establece dicha Sentencia que "el derecho del artículo 94 del Código Civil no tiene naturaleza real ni puede ser asimilado a un derecho de usufructo, pues sólo se puede esgrimir frente al otro cónyuge, pero no frente a quienes tengan la propiedad o cualesquiera derechos que les legitimen para recuperar la posesión del inmueble, tratándose de un derecho de carácter personal que no puede quedar comprendido dentro de la definición del artículo 62 de la Ley 39/88. Lo que se decide en una Sentencia de separación sólo afecta a quienes fueron parte en dicho proceso y no a los derechos de terceros. Por ello, en principio, el pago del impuesto de bienes inmuebles ha de ser atribuido por mitad a los copropietarios, a no ser que expresamente se hubiese estipulado lo contrario en el convenio regulador, diferenciando en debida forma el impuesto de bienes inmuebles de los gastos correspondientes al uso de la vivienda, lo que no se hizo."

 

LEGISLACION:

Código Civil: Artículos 90, 91, 96, 393, 467, 498 y 103.3º

Ley 29/1994, de 24 de Noviembre de Arrendamientos Urbanos.

Ley 39/1998, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas locales.

Ley 53/1997, de 27 de Septiembre que modifica la anterior.

 

BIBLIOGRAFIA:

"Las consecuencias de la adjudicación del uso de la vivienda familiar tras las rupturas matrimoniales: especial referencia a la liquidación de la sociedad legal de gananciales". Ana María Díaz Martínez (La Ley 1894/2001)

"Repercusiones fiscales de la disensión conyugal". Alfonso Polo Soriano (Dikinson, 1997).

"El deber de contribución a las cargas familiares" Isabel Miralles González (Dikinson, 1997)

"El derecho de uso sobre la vivienda, fuente de conflictividad. Causas y remedios". Rafael Rodríguez Chacón (Dikinson, 2004)

"El régimen matrimonial de separación de bienes" Delgado.


AUTOR: Raquel Herrero González. Abogada
FUENTE: http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=346


Dupla tributação na CPLP impede comércio

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:30 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 3:19 ]

Convenção para evitar dupla tributação de tran­sacções e facilitar a mobilidade de bens e pes­soas no espaço da CPLP pode ser o princípio de um verdadeiro mercado comum aos oito países.

A efectiva cooperação económica e empresarial entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) não será possível sem uma revisão à tributação fiscal nas transacções entre Estados, bem como aos regimes que regulam a deslocação de pessoas e bens entre estes oito países.

Há muito que as possibilidades de negócio entre países da CPLP estão identificadas, mas os líde­res das nações que constituem a aliança precisam de avançar para aquilo a que Francisco Murteira Nabo, presidente do Círculo de Reflexão Lusófona, chama de «convenção» empresarial e eco­nómica, segundo disse à margem da conferência 'Fazer Negócios na CPLP', organizada pela PwC, em parceria com o SOL.

A ideia, partilhada por todos os membros do painel da conferên­cia, seria o de cumprir o quarto pilar da CPLP: a criação de um verdadeiro mercado comum ba­seado em negócios, que tirasse partido das regiões onde cada país da aliança está inserido.

 

Aproximar regimes fiscais

«Não é possível que as trocas comerciais entre dois países da CPLP sejam duplamente tribu­tadas», alertou, por sua vez, Jai­me Esteves, partner fiscal da PwC.

Mas se o ajuste fiscal é teorica­mente improvável no actual con­texto, a revisão e aproximação dos quadros legislativos nos países da CPLP poderá ter a sua quota-par-te de responsabilidade na alavancagem das trocas comerciais.

Face às dificuldades quando se trata de investir num mercado, desde logo territorialmente des­contínuo, Francisco Mantero, presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Econó­mico e Cooperação, desafiou, no mesmo evento, os líderes da CPLP a criarem regimes fiscais como aqueles que são aplicados no Lu­xemburgo «para produtos de poupança e de investimento».

Na mesma linha, José Eduardo Carvalho, presidente da Associa­ção Industrial Portuguesa (AIP), relembrou relatórios da União Europeia, alertando para o «ex­cessivo proteccionismo de al­guns Estados-membros» no que respeita a barreiras alfandegá­rias, licenciamentos e adjudica­ções directas de empreitadas que muitas vezes terminam em sub­contratações locais.

Não obstante as dificuldades e as diferenças encontradas nos países da comunidade, a CPLP como um todo é atractiva para cada um dos países que a inte­gram - com excepção de Portugal, todos vão crescer nos próximos anos e têm ambiciosos planos de investimento.

Isaac Murargy, secretário-executivo da CPLP, alertou, porém, para um problema que persiste e cujos acordos de natureza selecti­va em vigor «não resolvem»: a li­vre circulação de pessoas e de bens entre os países da CPLP. E admite que esta «é uma ameaça há muito diagnosticada», ape­lando à concentração de esforços para que se possa resolver.

2013-01-25 10:37
Ricardo Rego, Sol
Fonte: http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={1AE337A3-9497-45B1-99E0-27CE6B86298B}

Como evitar el Catastrazo y el IBI en Badajoz y en otras provincias - las recientes resoluciones judiciales y la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2014

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:30 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:41 ]

    Son varias las noticias en diversos medios y blogs sobre las acciones del gobierno en el sentido de promover la inscripción del mayor número posible de inmuebles en el catastro de bienes inmuebles, así como las acciones de las varias gerencias territoriales del Catastro emprendidas para revisar tanto los valores catastrales como la propia superficie de los inmuebles. Todo, evidentemente, para posibilitar un aumento de las cuantías recaudadas a título de Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
No es precisamente nada nuevo, en los últimos dos años han proliferado las quejas de los ciudadanos contra un aumento repentino y sorprendente del importe de IBI a pagar.
Regla general, estas subidas se debieron o a una alteración de la clase de suelo a efectos catastrales (pasando de rústico para urbano) motivada, a su vez, por un cambio en la clasificación a efectos urbanísticos (pasando de rústico a urbanizable) o a una aplicación de nuevos coeficientes y valores de referencia a partir de la aprobación de ponencias de valores parciales o directamente a las ya en vigor.

Sin pretender entrar en demasiados detalles técnicos, estas alteraciones de valores catastrales son en general nulas en virtud de vicios de forma y fondo que afectan a sus propios presupuestos normativos y motivación.

Visto que las impugnaciones contra este tipo de acciones normalmente son desestimadas por las Gerencias Territoriales del Catastro, solo cabe recurrir o a los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR) y, de ahí, para las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o, conforme la vía utilizada, del Catastro para la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Todos estos procedimientos, especialmente en sede de los TEAR, llevan bastante tiempo, no obstante, por fin empiezan a salir resoluciones tanto del TEAR como del TSJ de Extremadura que reconocen razón a los argumentos utilizados contra los valores catastrales.

Como ejemplo dejamos la Resolución del TEAR que estima la Reclamación nº 06/03283/10 y la Sentencia del TSJ de Extremadura nº 453/2013, en cuyos procedimientos ha intervenido este despacho, y en la que el TSJ determinaba la interpretación a dar al Texto Refundido de la Ley del Catastro (TRLCI) en lo que toca a la definición del suelo que debe ser clasificado, a efectos catastrales, como rústico o urbano y, en consecuencia, cuales las fincas que están sujetas al IBI urbano.

El 30 de Mayo de 2014, fue dictada sentencia por el Tribunal Supremo, por la que, tras un recurso de la Dirección General del Catastro contra otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre la interpretación del TRLCI y la clasificación del suelo a efectos catastrales, se mantenía, ahora con efectos de unificación de la doctrina jurisprudencial, la interpretación del TSJ de Extremadura sobre el tema.


En general, hay cuatro aspectos básicos a considerar a los efectos de impugnar un valor catastral (además de los relativos a la correcta medición de la finca y los datos identificativos que aparecen en la notificación de nuevo valor catastral y en el recibo de IBI):

1. la clasificación del suelo a efectos catastrales (que no coincide necesariamente con la clasificación urbanísitica tripartida - urbano, urbanizado y rústico o no urbanizable)

2. la vigencia formal y/o material de las ponencias y de los valores de mercado ahí recogidos 

3. el método e informaciones utilizados para determinar esos valores de mercado 

4. la determinación del valor catastral a partir de esos valores de mercado recogidos en las ponencias


Estos aspectos son básicos en cualquier municipio de España, visto que están recogidos en Legislación Estatal, como es, por ejemplo, el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI).

Después, el hecho de que cada Comunidad Autónoma tenga competencias especificas a nivel de legislación urbanística puede o no matizar algunas de las conclusiones a que ha llegado, por ejemplo el TSJ de Extremadura y que han sido fijadas por el Tribunal Supremo en Mayo de 2014.

De cualquier forma, específicamente para Badajoz, ¿como impugnar el valor catastral de las fincas urbanas y, en consecuencia, los recibos de IBI?

Primero hay que tener en cuenta que una cosa es el valor catastral, competencia del Catastro, otra la liquidación y emisión del recibo de IBI, competencia del Ayuntamiento.

1. Qué hacer ante la Gerencia del Catastro en Badajoz:

. impugnar el valor catastral asignado a la finca
- cauces: 
a) si se ha notificado hace menos de un mes un eventual cambio del valor catastral de la finca
- impugnación directa del valor catastral mediante la impugnación indirecta de la ponencia parcial de valores de 2009 o, en su                              caso, de la ponencia colectiva de 1995 
(NOTA: también se podrá impugnar directamente la ponencia en sí, ni que sea mediante acción de nulidad, pero no implica efectos inmediatos para el valor catastral visto que éste no estaría siendo impugnado)
- primero ante Catastro, mediante recurso potestativo de reposición, luego a través de Reclamación Económico-Administrativa                               ante el TEAR de Extremadura (plazo medio de decisión, 1 año)
b) si no se ha notificado este año un nuevo valor catastral, solo cabe la acción de nulidad del valor catastral
- inicio de la acción ante Catastro, luego ante la Audiencia Nacional contra la eventual decisión del Ministerio de Hacienda

- Razones:
a) caducidad de la ponencia de 1995, cuyo estudio de mercado sirve igualmente de base a la ponencia parcial del 2009 (o sea, caducidad de los valores catastrales fundados en cualquiera de estas ponencias) - hay reiterada Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del TSJ Ext. relativa a este tema
b) reiterados vicios formales en el procedimiento de aprobación de la ponencia de 2009 que afectan a sus propias bases
c) desajuste entre los valores catastrales determinados de acuerdo con la ponencia de 2009 y los valores de mercado recogidos en la ponencia de 1995, que, por su turno, sirven (todavía) de base a la parcial de 2009 - falta de la coordinación exigida legalmente - en este sentido, las últimas resoluciones del TEAR de Extremadura
d) suelo no urbano a efectos catastrales - las citadas Sentencias del TSJ de Extremadura y del Tribunal Supremo, tras un largo y metódico estudio de las normas del TRLCI y de la normativa urbanística de Extremadura, delimitan las zonas normativas del PGM de Badajoz que, a efectos catastrales, no podrían ser clasificadas como urbanas y, en consecuencia, no podrían ser objeto del IBI urbano. 


2. Qué hacer ante el Ayto. y OAR:

. mientras se impugna el valor catastral ante Catastro y después ante el TEAR o ante la Audiencia Nacional:
- solicitar la suspensión de la eficacia de los recibos de IBI - que lo estaba haciendo el Ayto. pero, a pesar de la Sentencia del Tribunal Supremo, parece que ha cambiado de ideas excusándose en que, mientras el Catastro no proceda a los cambios, ellos tienen que liquidar el IBI de acuerdo con datos que ya saben que son ilegales...
        - solicitar la revocación de esos recibos en virtud de los vicios anteriormente mencionados y, muchas veces, por vicios en la liquidación               realizada por el propio organismo municipal al no aplicar las reducciones y bonificaciones previstas en la Ley de Haciendas Locales.

. tras obtener resolución del TEAR o Sentencia:
. solicitar la revocación de los recibos de IBI con base en las resoluciones que anulan el valor catastral
. procedimiento que se está siguiendo por el Ayto y OAR - suspensión de la eficacia hasta que Catastro determine nuevo valor catastral

ATENCIÓN AL TEMA DE LA PRESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN CONTRIBUTARIA: a los 4 años (art. 66 de la Ley General Tributaria), mientras la Gerencia del Catastro no determine nuevos valores catastrales, sigue corriendo el plazo de prescripción referente a la obligación de pagar el IBI. Igualmente, esto significa que, a pesar de que el TEAR o un Tribunal Judicial anulen el valor catastral o la propia ponencia en que se basa, tras la corrección de los vicios, se volverá a determinar un valor catastral para las fincas y, con base en ese valor (que esperamos sea realmente legal), se procederá a liquidar el IBI correspondiente a los años anteriores no prescriptos.

Contáctenos directamente a través del formulario si necesita ayuda o consejo sobre el tema.

A partir del 1 de enero habrá un nuevo sistema de facturas completas y simplificadas, desapareciendo los socorridos tiques

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:29 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:40 ]

Por: Xavier Gil Pecharromán
Fuente: http://www.icnr.es/articulo.php?n=121203045444

El próximo día 1 de enero de 2013 entrará en vigor el nuevo Reglamento de Facturación que establece un sistema de facturación basado en dos tipos de facturas: la factura completa u ordinaria y la factura simplificada, que viene a sustituir a los denominados tiques.

Las facturas simplificadas tienen un contenido más reducido que las facturas completas u ordinarias y, salvo algunas excepciones, podrán expedirse, a elección del obligado a su expedición, cuando su importe no exceda de 400 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido, cuando se trate de facturas rectificativas o cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IVA incluido y se trate, en este último caso, de alguno de los supuestos respecto de los que tradicionalmente se ha autorizado la expedición de tiques en sustitución de facturas. Además, para una mayor seguridad jurídica de los empresarios o profesionales, se aclaran los casos en los que se deben aplicar las normas de facturación establecidas en dicho Reglamento.

La adquisición de valores mobiliarios podrá justificarse mediante el documento público extendido por el fedatario interviniente o mediante el documento emitido por la entidad financiera o, en su caso, por la empresa de servicios de inversión, comprensivo de todos los datos de la operación.

La adquisición de activos financieros con rendimiento implícito, así como de aquellos otros con rendimiento explícito que deban ser objeto de retención en el momento de su transmisión, amortización o reembolso, se justificará mediante el certificado acreditativo regulado en el  artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y en el artículo 92 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Como novedad relativa a la obligación de expedir factura, se establece que no se exigirá tal obligación en el caso de determinadas prestaciones de servicios financieros y de seguros, salvo cuando dichas operaciones se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, o en otro Estado miembro de la Unión Europea, y estén sujetas y no exentas.

Asimismo, la nueva regulación trata de impulsar a la facturación electrónica, cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como instrumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas.

Se establece una nueva definición de factura electrónica, como aquella factura que, cumpliendo los requisitos establecidos en el propio Reglamento, haya sido expedida y recibida en formato electrónico.

Por otra parte y, como recuerda la Directiva 2010/45/UE mencionada, se establece que las facturas en papel o electrónicas deben reflejar la realidad de las operaciones que documentan y corresponderá a los sujetos pasivos garantizar esta certidumbre durante toda su vigencia, sin que esta exigencia pueda suponer la imposición de nuevas cargas administrativas a los empresarios o profesionales. De esta forma, el sujeto pasivo podrá garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas que expida o conserve mediante los controles de gestión usuales de su actividad empresarial o profesional.

Esta igualdad de trato entre la factura en papel y la electrónica amplía, por tanto, las posibilidades para que el sujeto pasivo pueda expedir facturas por vía electrónica sin necesidad de que la misma quede sujeta al empleo de una tecnología determinada.

No obstante, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos pasivos que ya venían utilizando el intercambio electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, este Reglamento reconoce expresamente que dichas tecnologías, que dejan de ser obligatorias, garantizan la autenticidad del origen y la integridad del contenido de las facturas electrónicas.

Asimismo y con el señalado fin, los sujetos pasivos podrán seguir comunicando a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con carácter previo a su utilización, los medios que consideren que garantizan las condiciones citadas, al objeto de que sean, en su caso, validados por la misma.

En línea con la armonización que marca la Directiva 2010/45/UE, se establece un plazo para la expedición de las facturas correspondientes a determinadas entregas de bienes o prestaciones de servicios intracomunitarias. Asimismo, con la finalidad de facilitar la gestión administrativa de los sujetos pasivos, se aplica este mismo plazo a todas las operaciones efectuadas para otros empresarios o profesionales, tanto interiores como transfronterizas. Este plazo afecta, igualmente, a las facturas recapitulativas.

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