Derecho Propiedad Industrial e Intelectual

Patentes – desarrollo de los requisitos para otorgar la protección

publicado a la‎(s)‎ 13 jul. 2016 20:25 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 13 jul. 2016 20:25 ]

1) INVENCIÓN

Por invención se entiende un problema técnico planteado y resuelto. 
Sólo se cumplen tales características si un tercero, aplicando las instrucciones contenidas en la solicitud de patente, puede obtener el resultado previsto en ella (ejecutabilidad v., art. 83 CPE). 
No son invenciones los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos (art. 4.4 LP).
Los descubrimientos no son invenciones. Conceder una patente al descubridor provocaría un bloqueo del progreso técnico. 
El ejemplo más famoso es el intento de Morse de registrar como patente el electromagnetismo aplicado a las telecomunicaciones. 
Teorías científicas son la explicación comprobada o hipotética de un fenómeno y los métodos matemáticos se alejan de cualquier técnica concreta. 
Tampoco lo son las obras literarias o artísticas o cualquier otra creación estética. No porque no sean susceptibles de aplicación industrial (v. diseño) sino porque están protegidas por las normas de propiedad intelectual.
Tampoco los métodos de aprendizaje o de ejercicio de actividades intelectuales, económicas o juegos ni la forma de presentar las informaciones (señales de tráfico, bandas magnéticas, símbolos informativos...). 


2) LA NOVEDAD

Las invenciones han de ser novedosas (art. 6 LP), mundialmente.
Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, es decir, los conocimientos que en ese sector existen en el momento de la solicitud incluyendo todo lo hecho público hasta ese momento y los conocimientos representados por las solicitudes de patentes de fecha anterior (art. 6.2 LP). 

Negando el derecho a patentar si se divulga el invento, se incentiva a registrar pronto y se evitan los costes de mantenimiento en secreto.

Tampoco se considera que excluye la novedad el hecho de tratarse de una sustancia conocida si lo que se reivindica es una determinada utilización terapéutica. 
La razón de ser de esta norma es evitar promover el gasto excesivo en la búsqueda de nuevas sustancias y promover e incentivar antes la comprobación de los efectos terapéuticos de las que ya están identificadas (que es lo que realmente cuesta más caro). 


3) LA ACTIVIDAD INVENTIVA

Significa que en la invención que se pretende patentar ha de haber existido un "proceso intelectual" que merezca la recompensa. 
Así, a las pequeñas mejoras no hay que darles el premio de la patente. 
Además, el art. 8 LP, profundiza al prever que no hay patente si la invención deriva de manera evidente del estado de la técnica para un experto. 
Es decir, si un experto, a partir de la situación tecnológica actual podría haber deducido el producto, proceso etc. de manera evidente o dicho de otra forma, si la invención estaba dentro de una patente anterior. 


4) LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL 

Este requisito excluye la patentabilidad, por ejemplo, de los tratamientos quirúrgicos o terapéuticos del cuerpo humano (art. 4.6 LP). Lógicamente, sí que son invenciones susceptibles de aplicación industrial los productos o aparatos destinados a dichos tratamientos. Tampoco son patentables las ideas de negocio.


Ofertar tecnología para el intercambio entre particulares de música protegida, no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:32 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 3:11 ]

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia de fecha 31 de marzo de 2014, por la que desestima el recurso de Promusicae, entidad que aglutina a la inmensa mayoría de compañías discográficas españolas, junto con las discográficas Universal, Sony-BMG, Warner y EMI, contra el creador y máximo responsable de las páginas web Blubster, Piolet y Manolito, que proporcionaban programas p2p para el intercambio entre particulares de música protegida, informa la entidad en un comunicado.

Hace seis años, los demandantes presentaron un escrito ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid de más de cien folios del escrito en el que reclamaban 13 millones de euros al demandado por desarrollar aplicaciones informáticas "con evidente ánimo de lucro" y con "una conducta parasitaria" para obtener provecho de la obra de otros. Tras un "cálculo conservador" de los perjuicios causados, las discográficas reclaman al demandado la citada cantidad, y exigen la inmediata clausura de las páginas.

En los hechos de la demanda detallaron cómo el demandado no sólo desarrolló el software disponible a través de las páginas web www.blubster.com, www.piolet.com, www.manolito.com y www.mp2p.net, sino que también disponía de un entramado mercantil paralelo mediante el que gestionar los beneficios económicos de su actividad presuntamente ilícita.

El Juzgado de instancia desestimó la demanda en 2011, con expresa condena en costa para la parte demandante. Pero Promusicae recurrió la sentencia.

Ahora, la Audiencia Provincial afirma que "la realización de dichos intercambios entre particulares constituye una actividad perfectamente lícita en la medida en la que los que sean objeto de transferencia no estén sujetos a derechos exclusivos de tercero o se cuente con la autorización de éste".

El magistrado señala, eso sí, que el intercambio de usuarios de Internet de archivos que estén amparados por derechos de propiedad intelectual, si no se cuenta con la autorización del titular de los mismos, entraña una infracción de aquellos.

Sin embargo, apunta a que los demandados no actúan de esta forma, sino que se trata de los creadores y distribuidores de un sotfware de intercambio de archivos y no tiene intervención alguna en ellas.

"En consecuencia, ni tan siquiera estaríamos en el ámbito de las responsabilidades que pudieran exigirse a los proveedores de servicios de Internet", agrega en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press. 
"No hay posibilidad, por tanto, de imputar a los demandados la comisión de una infracción directa de derechos ajenos de propiedad intelectual, porque ni efectúan la puesta a disposición de las obras ni tampoco realizan acto alguno de reproducción de las mismas. No encajan, pro tanto en la condición de infractor", añade.

En la sentencia, fechada el 31 de marzo y dada a conocer hoy, la Audiencia defiende que ofertar tecnología P2P avanzada "no supone incurrir en actos de expolio ni de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ni entrevemos que responda a un plan preconcebido para hundir o desequilibrar a las productoras discográfico. Tampoco supone un acto de obstaculización al negocio que éstas desarrollan, ya que se mueven en un mercado totalmente distinto del de los demandados".

No obstante, la Sala entiende que se tratan de aspectos jurídicos que han suscitado debate doctrinal y sobre los cuales "no existe todavía jurisprudencia consolidada en España". Por ello, exime a los demandantes de las costas del proceso. Así, cada parte pagará las propias y las comunes por la mitad. (EUROPA PRESS)

La Organización Mundial de la Propiedad Industrial abandonará las solicitudes con dibujos exclusivamente en blanco y negro

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:32 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 3:14 ]

Algo importante se cuece en el mundo de la industria y los inventos. El mundo de las patentes internacionales dejará de ser en blanco y negro con las limitaciones que ello conlleva. La Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual prepara en su reunión del mes de junio la modificación del Reglamento del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) para admitir la presentación de dibujos en color como parte de las solicitudes internacionales presentadas en forma electrónica. El formato de dibujos en blanco y negro no se ha modificado desde 1.491 se presentase la primera patente de la que se tiene constancia en la República de Venecia.
La introducción del color en las solicitudes hará que sea mucho más exacta la información contenida y mucho más sencilla la búsqueda de solicitudes tanto en las patentes nacionales como en las internacionales, incluso, en este último caso en aquellos expedientes en que no se habían cumplido los requisitos exigibles.

Solicitud de patente tramitada en virtud del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que permite solicitar protección para una invención simultáneamente en un gran número de países (138 países en 2008) mediante la presentación de una solicitud de patente "internacional".

La ventaja del procedimiento PCT es que facilita la tramitación de las solicitudes cuando dicha protección se desea obtener en varios países, pues una solicitud única produce los mismos efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los países que forman parte del Tratado. Otra de las ventajas es que el español es idioma oficial, por lo que todo el procedimiento se realiza en español.

No se trata de un procedimiento de concesión de patentes ya que la concesión la otorga cada uno de los países elegidos. Es un sistema por el que se unifica la tramitación previa a la concesión y como no todas las oficinas de patentes nacionales estarán dotadas de medios para aceptar los dibujos en color, los solicitantes que envíen sus solicitudes en este formato tendrán 30 meses para corregirlos en blanco y negro, junto con una declaración de que en esta versión los dibujos corresponden a los de colores que figuran en la solicitud internacional, tal como fue presentada. De no hacerlo así, serán las propias oficinas las que procedan a adaptar las solicitudes al blanco y negro

En el caso de que la oficina nacional no pueda traducir nítidamente de forma automática los dibujos en color a formato blanco y negro, la oficina nacional podrá solicitar la remisión de los dibujos en este formato. No obstante, en estos casos la difusión internacional, en estos casos, deberá hacerse en color, aunque la nacional se efectúe en blanco y negro.

.Los estudios preliminares dejan entrever que existirá un número significativo de oficinas en todo el mundo que estará preparadas en el corto y mediano plazo para  aceptar dibujos a color para la fase nacional, y que todas las Administraciones internacionales podrán hacer lo antes posible los cambios necesarios en sus sistemas internos y ser capaces de procesar los dibujos de color en formatos JPEG y PNG.

El  Grupo de Trabajo de la OMPI prevé considerar si sería deseable exigir un cierto número de las oficinas designadas para efectuar las recepciones en color para el procesamiento de la fase nacional antes de presentar el nuevo sistema en funcionamiento internacional. De esta forma, poniendo en marcha en color la recepción de solicitudes en color se piensa lograr un mayor apoyo para ponerlas en marcha.

La OMPI propone modificar los artículos 11, 48, 51bis y 46bis para añadir la nueva regla, Una vez que esté en vigor toda la fase  internacional, toda la presentación de dibujos se llevará a cabo en el color. Esto incluiría la búsqueda internacional, la publicación internacional, el examen preliminar internacional y todas las traducciones, correcciones, rectificaciones y enmiendas.

El artículo 48. permitiría la inclusión de un dibujo en color en la primera página de las solicitudes internacionales. Las oficinas deberán asegurarse de que estos dibujos de colores que se incluyeron fácilmente visibles, incluso si la solicitud internacional había sido impresa o que puedan convertirse en un formato en blanco y negro.

La presentación de dibujos en color en la solicitud internacional no será incompatible, en una primera fase, con que en  solicitar nuevos dibujos en blanco y negro después de la entrada en la fase nacional, en lugar de depender de la conversión automática de la Oficina Internacional, aunque se espera que esto sólo se tengan en cuenta en los casos en que fue claramente una deficiencia en la conversión automática.

En cualquier caso, la divulgación en la solicitud presentada sería determinista extraído sobre la base de los dibujos en color y cualquier evaluación de si la corrección hecha por el solicitante en virtud del nuevo artículo propuesto 46bis para cumplir con los requisitos nacionales de dibujo en blanco y negro de algunas oficinas designadas se reunieron requisitos que no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud presentada en primer lugar tener en cuenta la versión en color.

Un posible acuerdo para las oficinas que estaban en principio en condiciones de aceptar dibujos a color, pero cuyo sistema informático no les permite efectivamente procesarlos durante la fase nacional podría establecer una declaración en la primera página de la publicación nacional avisando de que la publicación es en blanco y negro, pero que la versión original lo es en color.


Fuente: Xavier Gil Pecharromán - http://www.icnr.es/articulo.php?n=120416041849

Contenido y novedades de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual y la LEC

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:30 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:43 ]

El BOE de hoy ha publicado la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por su interés, resumimos sus principales contenidos.

I - Objeto de la norma

1. Adaptar la vigente LPI a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se  han venido produciendo en los últimos años.

Se considera que la LPI ha sido un instrumento esencial para la protección de los derechos de autor, pero resulta cuestionable su capacidad para adaptarse satisfactoriamente a esos cambios y existen problemas cuya solución requieren la adopción, en el corto plazo, de decisiones dirigidas a reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual.

2.Transponer al ordenamiento jurídico español el contenido de las Directivas 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (artículos 110 bis 112 y 119, y Disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), y Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (artículo 37 bis, disposición adicional sexta y disposición transitoria vigésima primera del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual).

Concretamente, las medidas que recoge la presente ley se agrupan en tres bloques: la profunda revisión del sistema de copia privada; el diseño de mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital.

II - Revisión del sistema de copia privada

Las modificaciones introducidas en esta materia son las siguientes:

Se modifica el concepto de préstamo de obras, para lo que se modifica el número 4 del art. 19 TR LPI (Distribución.

Se modifica el concepto de Compensación equitativa por copia privada, reduciéndose los casos en que existe derecho a dicha compensación privada y manteniéndose que la compensación equitativa a la que se refiere el artículo 31.2 se realizará anualmente con cargo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, remitiéndose dicho precepto a lo establecido reglamentariamente en lo relativo al procedimiento de determinación de la cuantía y al procedimiento de pago de dicha compensación. Y asimismo se prevé que el pago se realizará a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, para lo que se modifica el art. 25 TR LPI (Compensación equitativa por copia privada).

Se establece que los derechos de explotación de las composiciones musicales con letra durarán toda la vida del autor de sus autores y setenta años desde la muerte del último superviviente, para lo que se introduce un párrafo segundo en el apartado 1 del artículo 28 (Duración y cómputo de las obras en colaboración y colectivas)

Se establece en qué casos no se precisa autorización del autor para la reproducción de obras ya divulgadas, sin perjuicio de su derecho a la compensación equitativa, y se especifican los supuestos excluidos del límite de copia privada, de tal modo que ya no sólo estarán excluidas las bases de datos electrónicas y los programas de ordenador sino todas aquellas obras que se hayan puesto a disposición del público con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, para lo que se da nueva redacción del apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 31 del TR LPI (Reproducciones provisionales y copia privada).

Se actualiza para el entorno digital el régimen aplicable a las reseñas realizadas por servicios electrónicos de agregación de contenidos, especificándose que la puesta a disposición del público por terceros de cualquier imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica, ha de estar siempre sujeta a autorización y estableciéndose que no será precisa esa autorización para “la puesta a disposición del público por parte de prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenidos de fragmentos no significativos de contenidos, divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica y que tengan una finalidad informativa, de creación de opinión pública o de entretenimiento”, pero estableciéndose en este caso una compensación equitativa que se impone a dichos agregadores de contenidos Es la denominada “tasa Google”(o “canon AEDE”) que ha generado tanta polémica. 

Se deja prácticamente inalterada la actual regulación de la cita e ilustración de la enseñanza, con el alcance actual respecto a pequeños fragmentos de obras, salvo en el supuesto de obras en forma de libros de texto, manuales universitarios y publicaciones asimiladas, así como respecto a obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. Simplemente se produce una modificación respecto al ámbito de aplicación de la citada excepción, que a partir de ahora no se circunscribirá a las aulas sino que se contempla de manera general para cubrir otros tipos de enseñanza como la enseñanza no presencial y en línea.

Sin embargo, para las obras o publicaciones, impresas o susceptibles de serlo, se amplía, en el ámbito de las universidades y centros de investigación, la excepción en defecto de autorización o de actos referidos a contenidos sobre cuyos derechos el centro usuario sea a su vez titular, siempre de acuerdo con el contenido del artículo 5.3.a) y 4 de la citada Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, aunque dicho uso beneficiado de la excepción devengará un “derechoirrenunciable a percibir de los centros usuarios una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión”, gestionado actualmente por CEDRO, lo que constituye el denominado y también polémico “canon a las Universidades”.. Para todo ello se modifica el título del artículo 32 (que pasa a ser Citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica, así como su apartado 2, y se adicionan unos nuevos apartados 3, 4 y 5),  

Se introduce una regulación para las obras huérfanas (aquella cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos), por medio de un nuevo artículo 37 bis (Obras huérfanas), que se complementa con la introducción de una nueva Disposición adicional sexta, con el título  Obras consideradas huérfanas conforme a la legislación de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Se introducen nuevas disposiciones relativas a la cesión de derechos al productor de fonogramas, por medio de un nuevo artículo 110 bis (Disposiciones relativas a la cesión de derechos al productor de fonogramas).

Se introduce una nueva regulación de la duración de los derechos de explotación reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes, para lo que se da nueva redacción al segundo párrafo del artículo 112 (Duración de los derechos de explotación).

Se amplía el plazo de duración de los derechos de los productores de fonogramas, para lo que se modifica el párrafo primero del artículo 119 (Duración de los derechos [de los productores de fonogramas]).

Finalmente, esta materia se completa con la introducción de una nueva disposición transitoria vigésima primera, que lleva el título Aplicación temporal de las disposiciones relativas a las composiciones musicales con letra, a las obras huérfanas y a la cesión de derechos del artista intérprete o ejecutante al productor de fonogramas.

III - Mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual

En esta materia se introducen una serie de medidas destinadas a subsanar las principales deficiencias observadas en la práctica, dejando para una próxima ley una eventual revisión en profundidad del conjunto del sistema.

Se destacan tres tipos de medidas. En primer lugar, se recoge de forma detallada y sistemática el catálogo de obligaciones de las entidades de gestión para con las Administraciones Públicas y respecto a sus asociados, con especial atención a aquellas relacionadas con la rendición anual de cuentas.

En este sentido, se modifican el apartado 5 y se añaden dos nuevos apartados 13 y 14 al artículo 151 TR LPI (Estatutos [de las entidades de gestión de los derechos]).

Se reduce a tres años el plazo máximo de duración del contrato de encomienda de la gestión de derechos, para lo que se modifica el apartado 1 del artículo 153 (Contrato de gestión) y se suprime el apartado 2 del mismo.

Se regula más minuciosamente el reparto (que se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras o prestaciones utilizadas, con arreglo a un sistema predeterminado en los estatutos y que excluya la arbitrariedad), pago y prescripción de los derechos derechos recaudados (La acción para reclamar a las entidades de gestión el pago de cantidades asignadas en el reparto a un titular, prescribe a los cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del titular de las cantidades que le correspondan), para lo que se da nueva redacción al artículo 154, que cambia su título por Reparto, pago y prescripción de derechos.

Se pasa a detallar minuciosamente la función social y el desarrollo de la oferta digital legal que deben llevar a cabo las entidades de gestión, para lo que se modifica artículo 155 (Función social y desarrollo de la oferta digital legal).

Se regulan las obligaciones contables (presentar cuentas anuales elaboradas de conformidad con el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos) y de auditoría (Todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual someterán a auditoría sus cuentas anuales) de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, para lo que se modifica el artículo 156 del TR LPI, que pasa a denominarse Contabilidad y auditoría.

A este respecto, la disposición transitoria primera establece que las reglas por las que las entidades de gestión aplicarán el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos a partir del 1 de enero del año natural siguiente al de la entrada en vigor de esta ley.

Igualmente se amplía el catálogo de obligaciones que incumben a las entidades de gestión, para incluir, entre otras, su obligación de a) negociar y contratar, bajo remuneración, en condiciones equitativas y no discriminatorias con quien lo solicite, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados, actuando bajo los principios de buena fe y transparencia; b) establecer tarifas generales, simples y claras que determinen, que deberán prever reducciones para las entidades culturales que carezcan de finalidad lucrativa; c) negociar y celebrar contratos generales con asociaciones de usuarios de su repertorio, siempre que aquéllas lo soliciten y sean representativas del sector correspondiente; d) difundir en su sitio Web de forma fácilmente accesible las tarifas generales vigentes para cada una de las modalidades de uso de su repertorio. Para ello se modifica el apartado 1 del artículo 157 (Otras obligaciones).

Se adicionan nuevas facultades de supervisión de las Administraciones competentes sobre las entidades de gestión de derechos, por medio de un nuevo artículo 157 bis. Facultades de supervisión.

Se refuerzan las nuevas obligaciones de las entidades de gestión, para lo que se modifica el artículo regulador de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual con objeto de ampliar sus competencias incluyendo entre éstas la función de determinación de tarifas y reforzar su función de control para velar por que las tarifas generales establecidas por éstas sean equitativas y no discriminatorias. Para ello se modifica el artículo 158, que pasa a llevar el título Comisión de Propiedad Intelectual: composición y funciones; se adiciona un nuevo artículo 158 bis, con el título Funciones de mediación, arbitraje, determinación de tarifas y Control [de la Comisión de Propiedad Intelectual]; se adiciona un nuevo artículo 158 ter, con el título Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital, del que se da mayor detalle en el siguiente apartado.

Se redefinen las competencias de las Administraciones Públicas en materia de comprobación del cumplimiento de los requisitos legales al inicio de la actividad y la inhabilitación legal para operar, de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, así como la aprobación de las modificaciones estatutarias presentadas por estas entidades. Y se atribuyen a las CCAA en cuyo territorio desarrollen principalmente su actividad ordinaria, las funciones de inspección, vigilancia y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, incluido el ejercicio de la potestad sancionadora. Para ello se modifica el artículo 159 TR LPI, que pasa a llevar el título Competencias de las Administraciones Públicas.

IV - Instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos

Se considera que la implantación generalizada e intensiva de las nuevas tecnologías, ha multiplicado los riesgos de vulneración de los derechos de propiedad intelectual, lo que demanda del legislador un esfuerzo de adaptación a las nuevas necesidades.

Para ello, en este sentido, se modifica el régimen de acciones y medidas cautelares que puede ejercitar el titular de los derechos reconocidos en la LPI (instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140, así como instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor).

En este sentido, se prevé que será responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor.

Para todo ello, se modifica el artículo 138 TR LPI (Acciones y medidas cautelares urgentes) 

Además, se dota a la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos de reacción frente a las vulneraciones cometidas por prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada que le sean dirigidos por aquélla, incluyendo la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pagos electrónicos y de publicidad y previendo la posibilidad de bloqueo técnico, debiendo motivarse adecuadamente en consideración de su proporcionalidad y teniendo en cuenta la posible eficacia de las demás medidas al alcance. Asimismo, se prevé que, en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada, los prestadores que vulneren derechos de propiedad intelectual sean sancionados administrativamente.

En concreto, en este extenso artículo 158 ter (Función de salvaguarda de los derechos en el entorno digital), se establece que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ejercerá las funciones de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información a través de un procedimiento cuyo objeto será el restablecimiento de la legalidad.

Este procedimiento de restablecimiento de la legalidad se iniciará de oficio y se dirigirá contra:

a) los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual y, b) los prestadores de servicios de la sociedad de la información que vulneren derechos de propiedad intelectual de la forma referida en el párrafo anterior, facilitando la descripción o la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrezcan sin autorización, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral, y que no se limiten a actividades de mera intermediación técnica. En particular, se incluirá a quienes ofrezcan listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y prestaciones referidas anteriormente, con independencia de que dichos enlaces puedan ser proporcionados inicialmente por los destinatarios del servicio.

Para todo ello se establece un nueva regulación del régimen sancionador de las entidades de gestión,por medio de la introducción de un nuevo título VI (Régimen sancionador de las entidades de gestión) en el Libro III del TR LPI, que incorpora los nuevos artículos 162 bis. Responsabilidad administrativa, órganos competentes sancionadores y procedimiento sancionador; 162 ter. Clasificación de las infracciones y 162 quáter. Sanciones.

En relación con este aspecto, se modifica la disposición adicional quinta TR LPI,  que pasa a llevar el títuloNotificaciones en el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Además, se introducen modificaciones en la la vía jurisdiccional civil para que pueda mantener su papel de cauce ordinario para la solución de conflictos de intereses contrapuestos, introduciendo mejoras en la redacción de determinadas medidas de información previa necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital en línea. En este sentido, se modifican los siguientes preceptos de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil:

Se modifica el subapartado 7.º y se introducen unos nuevos subapartados 10.º y 11.º en el apartado 1 del artículo 256 (Clases de diligencias preliminares y su solicitud)

Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 259 (Citación para la práctica de diligencias preliminares)

VI - Otras medidas

La disposición adicional primera establece que el Gobierno impulsará medidas para la reducción de los costes de transacción entre titulares de derechos de propiedad intelectual y los usuarios de tales derechos, así como que las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual legalmente establecidas deberán crear una ventanilla única a través de la cual se centralizarán las operaciones de facturación y pago de los importes que los usuarios adeuden a las mismas.

La disposición adicional segunda establece que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán aplicar tarifas adecuadas a aquellos usuarios que tengan encomendada la gestión de servicios públicos de radio y televisión, carezcan de ánimo de lucro y tengan legalmente impuestas obligaciones de fomento de la cultura.

La disposición transitoria primera establece que las entidades de gestión aplicarán el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos a partir del 1 de enero del año natural siguiente al de la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con las reglas establecidas en esta disposición.

Por su parte, la disposición transitoria segunda establece que las entidades de gestión deberán aprobar nuevas tarifas generales adecuadas a los criterios establecidos en esta ley en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que apruebe la metodología para la determinación de dichas tarifas prevista en el artículo 157.1.b) del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La disposición final primera modifica el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, el libro y las bibliotecas en el sentido de que, con efectos desde el 1 de enero de 2015 y con vigencia indefinida, la Agencia Española del ISBN proporcionará al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los registros actualizados del ISBN, para garantizar la continuidad de la base de datos de libros editados en España y la de editoriales, gestionadas por dicho departamento.

Finalmente, la Disposición final cuarta establece que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, realizará los trabajos preliminares necesarios, en colaboración con todos los sectores y agentes interesados, para preparar una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual ajustada plenamente a las necesidades y oportunidades de la sociedad del conocimiento.

VII - Derogación normativa

La disposición derogatoria única de la Ley establece una derogación genérica de las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley.

VIII - Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el 1 de enero de 2015, con las siguientes excepciones:

a) Lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 32 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor al año de la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lo dispuesto en el artículo 158 ter y concordantes del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los dos meses de la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado».

c) Lo establecido en los artículos 154, apartados 7 y 8, 162 ter y 162 quáter del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual entrará en vigor a los seis meses de la publicación de esta ley en el «Boletín Oficial del Estado».

d) Los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 154 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual serán aplicables a las cantidades recaudadas por las entidades de gestión a partir del 1 de enero del año natural siguiente a la publicación de la presente ley en el «Boletín Oficial del Estado», con independencia de la fecha de su devengo.


05/11/2014 [12:10] h.
Origen: Redacción NJ
http://noticias.juridicas.com

Apple podrá perder el derecho a la marca iPhone en Brasil

publicado a la‎(s)‎ 16 nov. 2015 7:29 por Joao Paulo Borges   [ actualizado el 5 ene. 2016 2:41 ]

Por lo visto, la empresa brasileña Gradiente Electronica, SA, fabricante de consumibles electronicos, registró la marca "iPhone" en el año 2000, siete años antes de que
Apple lanzara su smartphone.

El Instituto Brasileño de la Propiedad Intelectual anunciará oficialmente su decisión el proximo 13 de Febrero, a partir de la cual podrá Apple impugnarla judicialmente.

FUENTE: www.migalhas.com/latinoamerica

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